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Informe 2. Sobre la estadística en las causas penales contra jueces






PREVIO AL INFORME

Según los propios datos del Consejo General del Poder Judicial,

– Entre 1995 y 2009, sólo el 1,55% de las querellas o denuncias contra jueces y fiscales en España acaba en condena.

– Desde 2003 hemos sufrido en España más de 70 millones de asuntos en todas las jurisdicciones. Según los Tribunales españoles sólo en 27 asuntos un juez ha emitido una resolución deshonesta o negligente: El 0’00000014 % de los asuntos que entran en los juzgados. Es decir, según nuestro sistema judicial, es prácticamente imposible que un juez no sea honrado. Este dato es manifiestamente absurdo, y denota una espeluznante impunidad de los jueces prevaricadores en España.

Las consecuencias de esto serían de una magnitud incalculable, ya que los valores constitucionales sobre los que se asienta la democracia en nuestro país, valores de justicia, igualdad y libertad, podrían estar siendo continuamente vulnerados por la falta de control real sobre jueces y magistrados deshonestos o gravemente negligentes, y sus sentencias injustas podrían estar dañando gravemente a muchos españoles.

Pero no debemos olvidar que somos los propios españoles quienes podemos eliminar o modificar la legislación que hace posible tales estadísticas.

RESUMEN DEL INFORME  Nº 2 JURÍDICO SOBRE LA ESTADÍSTICA EN LAS CAUSAS PENALES CONTRA JUECES 

El presente informe parte de la base del completo respeto a la Administración de Justicia en nuestro país.

Señalar que las conclusiones de este informe representan uno de los principales motivos que han dado pie al nacimiento y las actuaciones de esta Organización.

ÓRGANO COMPETENTE PARA LAS CAUSAS PENALES CONTRA JUECES

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cada una de las Comunidades Autónomas (su órgano jurisdiccional más alto), es donde se juzgan en España la práctica totalidad de las causas penales contra jueces, magistrados y fiscales por delitos como el de prevaricación judicial. Veamos a continuación la estadística a nivel nacional que sobre dichas causas nos arrojan estos Tribunales:

UNA REALIDAD ESTADÍSTICA

Veamos ahora la realidad estadística de las causas penales contra jueces en España (1995-2009) obtenidas a partir de tablas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, y observemos algunas conclusiones que se extraen fácilmente.

Sobre el porcentaje de condenas

  • El 1’55 % de las acciones penales contra jueces acaban en condena, es decir, para nuestro sistema judicial no existe, prácticamente, prevaricaciones en las actuaciones judiciales de toda España. En alguna Comunidad el porcentaje llega al 0%, regiones enteras donde los jueces nunca son condenados.

Asuntos contra jueces y fiscales entre 1995 y 2011, por Comunidades Autónomas con menor porcentaje de condenas.- 

Hemos querido hacer mención aparte de las cinco comunidades autónomas cuyos datos son más reveladores y notorios. En sólo estas cinco comunidades se presentaron de 1995 a 2011, más de la mitad de las presentadas en toda España, 2.783 acciones penales contra jueces -el 49,96%-, y el porcentaje condenatorio en ellas es absolutamente ridículo, el 0’54%. Peor aún, en el 99’39% de los casos ni son enjuiciados y probablemente la inmensa mayoría de las denuncias o querellas presentadas son archivadas de plano. Madrid es el caso más llamativo de todos, con el 0’27% de condenas, y 3 jueces condenados en diecisiete años de 1.094 causas penales presentadas.

 

Sobre el porcentaje de inadmisión o archivo

  • El 98 % de las causas penales presentadas ni llegan a juicio; es más, la inmensa mayoría de los procedimientos no parecen ser ni siquiera admitidos a trámite y, en consecuencia, según los propios jueces “ni siquiera presentan indicios de delito”.

Del conjunto de resoluciones dictadas en España, ¿cuántas reconocen como prevaricadoras nuestro sistema judicial?

  • Veamos ahora la relación aproximada entre el número de resoluciones dictadas en toda España por los jueces y las que son consideradas como prevaricadoras por el propio sistema judicial. Las cifras están referidas a los años 2003 a 2009:

Una realidad imposible de creer

  • En los últimos siete años en España una media del 0’00000014% de las resoluciones dictadas en España son consideradas (por los propios jueces) como prevaricadoras, una de cada siete millones de resoluciones. De esta manera, el propio Estado nos quiere hacer creer que prácticamente no existen prevaricaciones en España; que podemos estar completamente tranquilos con nuestro sistema judicial; que es muchísimo más fácil que nos toque 10 veces seguidas el premio gordo de la lotería que un juez actúe de forma manifiestamente injusta en una resolución. Esto es lo que la realidad estadística nos está contando.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

Hablamos de un tipo delictivo, la prevaricación, en general fácil de ver

El delito de prevaricación judicial, que es el principal en el que puedan incurrir los jueces, es la mayoría de las veces de entendimiento sencillo y no puede verse como un simple error, porque este tipo penal consiste en resolver con argumentos que palmariamente atentan contra la razón del derecho y el sentido común.

Un abogado es un jurista como lo es un juez

Para que un abogado redacte y firme una querella contra un juez ha de estar completamente seguro de lo que hace, ha de haber estudiado el caso con completa profundidad dados los riesgos que el abogado y su defendido pueden estar tomando con ello.

El ciudadano ha de verlo muy claro para obrar así

Para que un ciudadano se atreva a presentar una querella a un juez ha de estar muy convencido de la injusticia, ha de haber buscado un abogado que defienda sus intereses (lo que no suele ser fácil), y puesto no poco empeño económico en el intento; asumiendo los “riesgos” que ello le pueda suponer en el futuro.

La propia corrupción del ser humano

El colectivo de jueces lo es de hombres cotidianos y normales, con sus virtudes y defectos, no de hombres todos intachables e irreprochables en su trabajo como reflejan los datos aportados. Pensar que el 99’9999999 % es decir EL 100% de los jueces son incorruptibles e intachables en TODAS sus resoluciones carece de toda lógica; máxime cuando es público y notorio que el poder es un factor que con gran facilidad suele corromper o que provoca una gran tendencia a hacer abuso del mismo.

La despiadada carga de trabajo a la que el poder político tiene sometidos a los jueces

Entendemos que es humanamente imposible que una gran parte de los jueces españoles puedan tener tiempo material suficiente para conocer con la suficiente profundidad los miles de asuntos que tienen que estudiar y resolver al año. Ello sólo puede provocar muchas sentencias en la práctica negligentes que, por ejemplo, pueden estar llevando a la propia cárcel a muchos españoles injustamente, con la enorme gravedad y consecuencias que ello supone.

Una contradicción difícil de explicar

En estas causas penales contra jueces, los abogados firmantes de la querella, por lógica, deben estar seguros de la culpabilidad de los mismos; sin embargo, los magistrados ¡ni siquiera ven indicios de delito…!; para ellos los abogados nunca llevan razón y no entienden lo que es la razonabilidad del derecho y el sentido común (que caracteriza al delito de prevaricación).

CONCLUSIONES

De todos los expositivos anteriores pueden deducirse, cabalmente, en defensa de la Administración de Justicia y, con todos los respetos hacia sus miembros y a todos cuantos hacen de la justicia una dedicación digna y seria, las siguientes conclusiones:

Primera.

Que las cifras obtenidas en los cuadros anteriores podrían delatar que puede ser cierto que dentro del sistema judicial, presuntamente se pudiera estar protegiendo a los jueces deshonestos o gravemente negligentes en el ejercicio de sus funciones. Todas las pruebas directas e indirectas que emite este informe, junto a la evidente influencia del corporativismo judicial y la realidad de la politización de la Justicia (ver informe nº 1), nos podrían llevar a pensar en dicha realidad.

Segunda.

Si esta realidad estadística de que son casi inexistentes las posibilidades de que un juez o un fiscal sea enjuiciado y menos de ser condenado, es conocida por los mismos jueces (lo cual es altamente probable), se podría estar alimentando hasta grados insospechados la corrupción de los jueces faltos de la honestidad necesaria para ejercer su función pública. Contando con esa impunidad real y consciente, quedaría pervertido el sistema de la Justicia en España, con consecuencias extremadamente graves.

Tercera.

De ser estas conclusiones ciertas, al ser el poder judicial el pilar fundamental de la Constitución, el orden de cosas establecido en la Carta Magna y en la propia Democracia estaría muy en entredicho. Bajo una apariencia de bien hacer, los derechos y valores fundamentales constitucionales de tutela judicial efectiva, de igualdad, de libertad y de seguridad, y otros hasta no se sabe qué extremos, podrían estar conculcándose en España por un gran número de jueces, bajo el patrocinio de la parte corrupta del poder político y de su propio corporativismo.

Cuarta.

Para contrarrestar tal realidad de presunta injusticia se haría necesaria una actuación destinada, en primer lugar, a confirmar dicha realidad y, seguidamente, a trabajar para la corrección del presunto mal funcionamiento del sistema judicial, entendiendo que se harían urgentes y necesarios varios cambios legislativos, como conseguir que las causas penales contra jueces, magistrados y fiscales las vean el Tribunal del Jurado.

Consideramos que, por ello, la realidad puede haber llegado a convertirse en una verdadera afrenta al pueblo, que ve cómo el artículo 117 de la Constitución, que da sentido democrático al Estado, no se respeta pues dispone que “La justicia emana del pueblo y se administra …por jueces y magistrados”, mientras el pueblo (el dueño) se ve incapaz de someter a sus propios administradores jueces y magistrados deshonestos.

 

 


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