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Informe 1. Sobre la politización de la justicia






PREVIO AL INFORME

  • La democracia es el gobierno del pueblo, en contraposición a la tiranía cuya principal característica es que el tirano, basado en el control sobre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tiene un poder que nadie puede controlar que utiliza con objetivos distintos del bien común. En una democracia como la nuestra esto también puede llegar a ocurrir si el poder político intenta controlar los tres poderes a la vez, como de hecho parece estar ocurriendo en nuestro país.
  • En esta línea, este informe denuncia el gravísimo atentado a la independencia judicial que se está produciendo en nuestro país (lo que ha dado en llamarse la politización del sistema judicial), y sus muy probables consecuencias, una vulneración grave y continuada de la Constitución y de los derechos fundamentales que en ella se contienen. 
  • Incluso 1.400 jueces españoles, mediante un Manifiesto, han denunciado este atentado a la Democracia, acusando con toda claridad al poder político de ambos signos de buscar expresamente y de manera sibilina, mediante sus legislaciones, el control sobre el poder judicial. Esto es extremadamente grave.

 

RESUMEN DEL INFORME Nº 1 JURÍDICO  SOBRE EL ESTADO DE POLITIZACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL 

 

  • La constitucional independencia de poderes.

Nuestra Constitución de 1978, para prevenir la corrupción y la injusticia generalizada que pueda derivarse al atribuirse el poder político el suficiente dominio o ascendiente sobre el poder judicial, estableció con toda claridad la necesidad de la independencia del poder judicial, de forma que atentar positivamente contra esta separación de poderes es atentar contra la propia Constitución, contra el Estado de Derecho y contra la democracia.

  • La reforma de la LOPJ de 1985.

Sin embargo, en 1985, el propio Parlamento promovió una reforma de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) de 1980, otorgando al poder político la facultad de nombrar todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano a partir del cual se obtiene la llave para los nombramientos de todos y cada uno de los altos tribunales del poder judicial, Tribunal Supremo (TS), Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) Salas Civil-Penal de cada comunidad, presidentes de las Audiencias Provinciales, y un largo etcétera de designaciones judiciales “a dedo” que, a partir de entonces, “deben” sus cargos al poder político.

Resulta del todo evidente que, salvo la honestidad personal, nada impediría a esos mismos políticos promover un poder corrupto sobre los jueces graciosamente elevados por ellos a las altas instancias del poder judicial. Porque aunque partamos siempre de la presunción de inocencia, no tenemos porqué desechar la realidad de que demasiados miembros del poder público sean potencialmente corruptos y sensibles a intereses particulares cuando se reúnan las circunstancias para ello.

  • El incumplimiento de lo dictado en la sentencia del TC 108/86.

Dicha reforma de la LOPJ dio lugar a un conflicto de inconstitucionalidad que finalizó en la sentencia 108/86 del Tribunal Constitucional. La sentencia declaró constitucional dicha reforma pero supeditando su constitucionalidad al cumplimiento de determinadas cautelas que en ningún momento cumplió la clase política dominante, lo que posibilitó, en la práctica, una inconstitucional e ilegítima intromisión en la independencia judicial fuera de toda duda hasta el día de hoy.  

  • Una denuncia pública muy grave.

Los propios jueces y magistrados de este país se levantaron en 2010 en un Manifiesto de lo que han llamado la “Plataforma por la despolitización y la independencia judicial”, que han suscrito más de 1.400 jueces y magistrados de España. Cerca de un tercio de los jueces españoles se están oponiendo públicamente a lo que entienden (y nosotros con ellos) una invasión y control deliberado e ilegítimo del poder político sobre el judicial, declarando intolerable su existencia al ponerse así en tela de juicio la democracia misma. Desde aquí rubricamos tal documento. 

  • ¿Qué hace a todo esto la fiscalía?.

La fiscalía, al depender jerárquicamente del poder político, poco o nada puede hacer al respecto.

  • La nueva reforma de la LOPJ llevada a cabo en el año 2003 y reformas posteriores.

Tal como señala el reiterado Manifiesto de jueces, tras el Pacto por la Justicia firmado en 2001 por los principales partidos, el poder político inicia una serie de medidas que conllevan una reducción de las capacidades y las competencias del poder judicial y, de manera directa o indirecta, conllevan en la práctica un aumento muy considerable del control del poder político corrupto sobre el judicial.

Por ejemplo, con la proyectada ley LECrim, mediante las competencias dadas a los fiscales en la instrucción del proceso penal, es el mismo poder político quien tiene la “influencia directa” en la práctica para “intervenir” en los asuntos penales de cualquier ciudadano español. Y todo ello, habiendo tenido que apartar expresa e ilegítimamente de su función constitucional al poder judicial utilizando su dominio sobre el poder legislativo.

  • La carencia de medios del poder judicial.

A todo lo anterior, se añade que es el poder político, mediante los presupuestos generales, el que tiene también la capacidad de facilitar o dificultar, económica, laboral y profesionalmente, la labor diaria del poder judicial.

De hecho el poder político mantiene en una asfixiante situación profesional a la mayoría de los jueces y magistrados debido a la desorbitada carga de asuntos que el poder político les obliga a soportar, lo que, además, multiplica sin duda la injusticia en nuestro país porque los jueces carecen de tiempo material para estudiar los asuntos con la profundidad necesaria para resolverlos con justicia. El cómo podría afectar esto a cada uno de nosotros es tan grave como que en las cárceles podría haber muchas personas que no debían de estar allí.

  • La nueva ley del Partido Popular.

El Partido Popular ha cambiado recientemente la fórmula de elección de los miembros del CGPJ. Ahora es más fácil todavia politizar el consejo. Los nuevos artículos disponen que las Cámaras elegirán directamente a los veinte vocales, con la única y exigua condición de que para la elección de doce de ellos se necesiten ahora tan sólo veinticinco avales-jueces para ser propuestos y elegidos.

 

CONCLUSIONES

 

LA ACTUACION CONTRA-DEMOCRACIA DEL PODER POLÍTICO DOMINANTE. Según los hechos expuestos, un sector dominante del poder político, en su “insaciable afán por controlar a su controlador” (como dice la Plataforma de jueces), podría estar actuando sin respeto a la propia Constitución Española en su aspecto más fundamental, la imprescindible separación de poderes.

A este respecto es bien significativo lo que dicen casi un tercio de nuestros jueces en el referido Manifiesto: “Porque, en definitiva, al margen de nuestras diferentes posiciones ideológicas, los firmantes de este escrito compartimos la común convicción de que lo que está en juego es la Democracia misma”. Lo dicen 1.400 jueces españoles, 1.400 juristas experimentados que se revelan ante lo que está ocurriendo en España, mostrándose al poder político “dominante” como el verdadero peligro para la Democracia.

CONSECUENCIAS. Ese control o influencia real e innegable sobre el poder judicial otorgaría al poder político un poder que parece expresamente buscado por sus miembros deshonestos, un poder que no le corresponde y que les proporcionaría la capacidad de controlar en la medida de lo posible a su controlador constitucional (el poder judicial) con inevitables consecuencias en ámbitos tan graves como el político, el judicial, el territorial, el económico, el de los derechos fundamentales, el legislativo o el control de los funcionarios públicos que se desvían de sus obligaciones, además de otorgarles LA CAPACIDAD (la usen o no) de ejercer también un control, poder o dominio sobre cualquier ciudadano a espaldas de la ley y la Constitución.

Ello nos llevaría a una presunta violación sistemática de los derechos de los ciudadanos, pudiéndose no estar haciéndose efectivos los valores fundamentales del Estado democrático, no existiendo ninguna garantía de igualdad, ni de tutela judicial, ni de libertad, ni de seguridad para nadie.

DEFENDAMOS NUESTRA DEMOCRACIA. Si como parece es cierto que estamos asistiendo a un verdadero atentado contra la democracia como forma de Estado, a espaldas de la ciudadanía, todos tenemos el deber de trabajar con esfuerzo y valor para cambiar el orden de cosas injusto que parece se ha establecido en nuestro país.

Para ello entendemos que serían necesarios varios cambios legislativos entre los que destacaríamos dos. Primero, conseguir que las causas penales contra jueces, magistrados y fiscales las vean el Tribunal del Jurado para hacer que sea el pueblo quien tenga directamente la capacidad de someter a sus representantes corruptos. Segundo, conseguir que ningún representante del CGPJ, ni de los altos Tribunales, sean elegidos desde el poder político ni desde ningún otro sistema de elección en el que de algún modo pueda sospecharse una clave política. Con ello, se abriría la puerta a un poder, el judicial, con capacidad real de controlar con eficacia a los otros dos poderes del Estado.

 

 


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