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Informe Técnico sobre la politización de la justicia.






Los artículos 117, 124, 127, 152 y 159 y Disposición Adicional 4ª de la Constitución Española vienen a garantizar a los españoles la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, que la fuerza política, que forma el poder ejecutivo (el Gobierno) y el legislativo (Congreso y Senado), no invada el poder judicial. Sin embargo, el poder político ha ido legislando pervirtiendo el espíritu de la propia Constitución al redactar la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que politiza el Consejo General del Poder Judicial (el Gobierno de los jueces), o aprobando el texto que dispone el Reglamento 1/1995, de 7 de Junio de la Carrera Judicial, normativas que permiten a dicho Consejo la elección discrecional (“a dedo”) de todos los magistrados con cargo de mayor escalafón en España, cerrando así el círculo para la completa politización de la Justicia. Esta normativa, en la práctica, otorga a la clase política dominante una reunión de poderes que no le corresponde.

Tampoco se ha cumplido, por parte del poder político, lo dispuesto en la Sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que supeditaba la constitucionalidad de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 a que, efectivamente, el sistema de elección de los miembros del Consejo y demás altos magistrados no recibiese la influencia del poder político, lo que no ha ocurrido, como es público y notorio.

Dicho lo anterior, entendemos que se ha de proponer la modificación ante el Congreso de los Diputados de los artículos que más abajo se relacionan y de todos aquellos afectados por los mismos, ya sean de estas o de otras normas, y ello invocando la Constitución Española y la independencia de poderes que ésta proclama. Estos artículos están además trascritos en el Informe nº 1 completo sobre la politización judicial.

En suma, la elección de todos los magistrados con cargo de mayor escalafón en España es de origen político directo o indirecto, dependiendo de si son elegidos por Congreso, Senado, Gobierno, o Asambleas legislativas autonómicas (origen directo), o si lo son por el Consejo General del Poder Judicial (origen indirecto), porque sus miembros, todos, deben sus cargos a los grupos políticos.

La solución que aportamos es que no se acceda a estos cargos por elección del Congreso, del Senado, del Gobierno o de las Asambleas legislativas autonómicas, ni por libre designación, ni tampoco por propuestas de las asociaciones de jueces (que se basan en criterios políticos); la solución que proponemos para todos los niveles es el escalafón o el concurso de méritos o la oposición. Y en cuanto a la influencia del Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y asociaciones de jueces sobre la Escuela Judicial, Juntas de Jueces, Salas de Gobierno y Jueces Decanos, proponemos también su anulación.

Por lo anterior, rogamos su apoyo para llevar estas propuestas de modificación al Congreso de los Diputados. Necesitamos, no sólo las 500.000 firmas que exige la ley para la revisión de normas, sino muchas más a fin de que no se trate de que el poder político decida si modifica o no -que no lo haría presumiblemente con 500.000 firmas-, el referido articulado. Se trata de que siendo millonario el número de estas firmas, no tengan más remedio que proceder a su modificación por aclamación popular.

Artículos sobre los que proponemos su derogación o modificación:

1)    Artículo 107 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial (sobre nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional -de origen político indirecto-).

2)    Artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre la influencia del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y las asociaciones de jueces en la Escuela Judicial, las Salas de Gobierno, las Juntas de Jueces y los Jueces Decanos).

3)    Artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento de doce miembros del Consejo General del Poder Judicial -de origen político directo-).

4)    Artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento de los ocho restantes miembros del Consejo General del Poder Judicial -de origen político directo-), en relación con el 122.3 de la Constitución Española (sobre lo mismo).

5)    Artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial -de origen político indirecto-).

6)    Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento del Presidente y magistrados del Tribunal Supremo, de magistrados del Tribunal Constitucional, del Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, del magistrado del Supremo que autoriza las actividades del Centro Nacional de Inteligencia y de los demás cargos de designación discrecional-de origen político indirecto-).

7)    Artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento de uno de cada tres magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas -de origen político directo-).

8)    Artículo 336 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas de origen político indirecto).

9)    Artículo 337 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales-de origen político indirecto-).

10)  Artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo -de origen político indirecto-).

11)  Artículo 342bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo que autoriza las actividades del Centro Nacional de Inteligencia -de origen político indirecto-).

12)  Artículo 345 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sobre el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo provenientes de entre abogados y juristas de reconocido prestigio -de origen político indirecto-).

13)  Artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (sobre el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional -de origen político directo e indirecto-) y 159 de la Constitución Española (sobre lo mismo).

14)  Artículo 124 de la Constitución Española (sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado -de origen político directo-).

15)  Artículos 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio de la Carrera Judicial (sobre el nombramiento, como cargos discrecionales, de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, de los magistrados del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional, Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia y Presidentes de las Audiencias Provinciales, así como el de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes al turno de juristas de reconocido prestigio y de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes al turno de la Carrera Judicial -de origen político directo e indirecto-).

 

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